Mientras se ensambla la Estación Espacial Internacional y múltiples sondas recorren el Sistema Solar con la perspectiva de colonizar otros mundos, aún persisten grandes lagunas en la normatividad sobre la exploración más allá de la Tierra.

Aun con los acuerdos internacionales en la materia impulsados por la ONU, el vacío y los cuerpos celestes allende la órbita terrestre son un ámbito legalmente ambiguo que, como los territorios conquistados por los europeos en el siglo XVI, es susceptible de apropiación por sus descubridores.

Este “vacío legal” —que también existe en la legislación mexicana— posibilita que empresarios aventureros oferten lotes en la Luna o que servicios como Google Earth revelen información clave sobre localidades o bases áreas en internet sin restricción, advierten expertos en asuntos espaciales.

El especialista en derecho internacional Julio Carbajal Smith afirma que hay cinco acuerdos internacionales en el rubro, en los cuales se establecen principios fundamentales como la prohibición de emplazar armas en cuerpos celestes o en el espacio y la consideración de éste como patrimonio de la humanidad.

Sin embargo, reconoce que, en los hechos, algunas naciones con recursos técnicos y monetarios podrían violar estas disposiciones en aras de satisfacer sus propios intereses. Cita el caso probable de que alguna de las potencias mundiales decidiera colonizar planetas o sus satélites naturales:

“Jurídicamente ahí hay una laguna. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Podemos decir en el papel que todos los países somos iguales y el patrimonio es de todos, pero en la práctica alguno puede aprovecharse”, comenta el abogado.

El también catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM compara el estado actual de la legislación espacial con el que prevalecía siglos atrás respecto del mar, pues no había consenso sobre zonas libres y límites de aguas territoriales: los intereses de las naciones ricas eran —y siguen siendo— diferentes a los de las pobres.

“Existe legislación sobre la órbita baja de la Tierra (300 kms) porque se considera parte de la misma; pero fuera de ella no se aplica ninguna ley ultraterrestre, aunque parezca de ciencia ficción el término”, comenta por su parte el ingeniero Fernando de la Peña, impulsor de la Agencia Espacial Mexicana.

Satélites y espionaje

El ex colaboardor del centro espacial Lyndon B. Johnson de la NASA recuerda que la empresa Embajada Lunar ofertó en 2005 “terrenos” selenitas, con todo y escrituras. Dice que aunque fue sancionada, su oferta fue posible debido a la falta de una reglamentación espacial internacional. Pero otras actividades aparentemente descabelladas —ésas sí viables— podrían eclosionar al amparo de esta indefinición. Por ejemplo, el turismo espacial. “Hoy quizá parezca una locura, pero en 10 años posiblemente será un negocio de grandes masas”, anticipa Carbajal Smith.

El jurista considera que estos tópicos, junto con la previsible explotación de recursos minerales fuera de la Tierra y aspectos de seguridad territorial, deben contemplarse en la normatividad ultraterrestre. A nivel local hay que reglamentar el tema, pues sólo existen leyes sobre aviación o satélites, “lo cual es delicado”.

De la Peña anota que debido a estos vacíos legales, cualquier zona de nuestro territorio puede ser espiado, a través del famoso portal de internet que permite la observación remota:

“Si entras en Google Earth verás que partes de China o EU están bloqueadas porque esas naciones tienen una legislación; en cambio, puede bajarse información de México y ver sus bases aéreas. Cualquiera nos puede ver desde el cielo.”

Dice que México perdió los derechos de la órbita satelital geoestacionaria 109.2 grados oeste (asignada a Canadá) en 2007 pues el grupo empresarial que participó en la licitación no garantizó contar con un satélite en el plazo fijado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (EL UNIVERSAL, 25/05/07).

Lamentó que esto seguirá pasando “si no hay un organismo nacional que reclame y proteja las órbitas”. Por ello, insiste en que con el establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana (cuya aprobación está pendiente en el Senado) podrá impulsarse la tecnología y legislación nacional en la materia.

“Debe haber una legislación para que México compita en la comunidad espacial y no que se quede como espectador”, añadió.